La Comisión Europea ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra cinco Estados miembros —entre ellos España— por no haber implementado de manera adecuada la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La acción legal también afecta a Chequia, Chipre, Polonia y Portugal, y supone un paso decisivo por parte del Ejecutivo comunitario para garantizar el cumplimiento uniforme de esta normativa clave en el ámbito digital europeo.
La Ley de Servicios Digitales entró plenamente en vigor en febrero de 2024, con el objetivo de proteger a los ciudadanos europeos frente a contenidos ilegales, productos inseguros y prácticas opacas en las plataformas digitales. Su aplicación efectiva implica obligaciones específicas tanto para las grandes plataformas —con más de 45 millones de usuarios mensuales— como para los Estados miembros, que deben habilitar mecanismos de supervisión y control eficaces.
Uno de los pilares fundamentales del reglamento es la exigencia de que cada país designe una autoridad nacional de supervisión con competencias suficientes para aplicar e imponer la DSA. Sin embargo, según ha constatado la Comisión, España y los otros cuatro países mencionados no han cumplido con esta obligación de forma satisfactoria.
Falta de competencias regulatorias efectivas
El caso de Polonia es el más grave: el país ni siquiera ha designado una autoridad competente ni le ha otorgado las atribuciones necesarias para aplicar la ley. En el caso de Chequia, Chipre, España y Portugal, si bien se han designado organismos supervisores, estos no disponen de los poderes requeridos por la normativa europea para ejercer su función de forma efectiva.
Además, ninguno de estos cinco Estados ha establecido todavía el régimen de sanciones correspondiente, otra de las obligaciones clave que impone la DSA para disuadir y corregir conductas infractoras por parte de los actores digitales.
Ante esta situación, la Comisión Europea activó en enero de 2024 un procedimiento de infracción mediante el envío de cartas de emplazamiento. Al no haber adoptado ninguna de las medidas correctoras requeridas, el Ejecutivo comunitario ha optado ahora por elevar el caso al TJUE.
Un mensaje claro para la gobernanza digital europea
Esta acción legal refleja la determinación de la Unión Europea para que la DSA no se convierta en una norma simbólica, sino en una herramienta efectiva que garantice un entorno digital más seguro y transparente. La Ley de Servicios Digitales marca un antes y un después en la forma en que Europa regula el espacio digital, introduciendo principios como la responsabilidad de las plataformas frente a los contenidos que alojan, la transparencia algorítmica y la protección reforzada para los menores de edad.
En paralelo, la Comisión también ha intensificado un procedimiento de infracción contra Bulgaria, que ni ha designado un regulador nacional ni ha desarrollado un régimen sancionador. Si las deficiencias no se corrigen en el plazo de dos meses, Bulgaria podría sumarse a la lista de países llevados ante la justicia europea.
Investigaciones abiertas a grandes plataformas
Desde la entrada en vigor de la ley para los grandes actores digitales a finales de 2023, la Comisión ha iniciado investigaciones por posibles incumplimientos por parte de plataformas como X (antes Twitter), TikTok y Meta (Facebook, Instagram). Aunque ninguna de estas investigaciones ha concluido aún, muestran el grado de escrutinio creciente al que están siendo sometidas las empresas tecnológicas que operan en Europa.